miércoles, 11 de septiembre de 2013

Para todos y todas

Argentina sufre en llamas la sequía, veranos fuera de época y la imprudencia (o la perversidad) de algunos.
Enormes extensiones caen bajo el fuego arrasador. Todos desesperan por las lluvias.
Pronto será momento de compensar a los derrotados. Se implementarán créditos blandos y reducciones o quitas impositivas. El Estado actuará lo más generosamente que pueda para aliviar a los sufrientes.
O sea que otra vez, entre todos, nos haremos cargo del desastre que causaron la naturaleza y algún factor humano. Entre todos (los que tenemos la solvencia suficiente) añadiremos a la cuantiosa carga tributaria actual (que le favorece a las autoridades la mitad de cada peso gastado por la población) los costos de la ayuda a los damnificados por el fuego.



Debemos decir que conmueve el dolor de los que perdieron todo y tuvieron en jaque a sus propias vidas. Natura es incontrolable.

El Estado debe estar muy preparado para estas emergencias. Claro que si hay obstinación en sostener el excesivo aparato militar, en hacernos pagar ineludiblemente los sobreprecios en los contratos estatales, en aguantar un sistema de docencia que dilapida lo que podría ser impostergable mejora de jubilados y desnutridos y en paralizar cualquier política que reactive la democracia económica (en lugar de engordar a los monopolios amigos), el peso de las soluciones nos será cada vez más gravoso.

martes, 10 de septiembre de 2013

El insuperable narcotráfico

La seguridad pública es una sensación. El Estado, usuario legítimo de la fuerza, cumple momento a momento con su obligación de protegernos de la perversidad social. Dispone de los jueces, fiscales y policías para llevar a cabo esa insoslayable tarea. El gobernador bonaerense puede jactarse del éxito de su política de defensa de vidas y bienes de la ciudadanía.
El espíritu que señalamos es fácilmente perceptible en la legislación preventiva. Obligar a los ocupantes de una moto a usar casco, a los usuarios de un auto a ajustarse el correaje de seguridad; el no atravesar la doble línea amarilla en rutas para no encontrarse frente a otro vehículo, son todas medidas que ayudan a que lo peor no suceda.
Así, todas las obligaciones que portan a la máxima tranquilidad de conductores, conducidos y peatones.
Es tan firme ese propósito que si algún tonto llega a manejar una motito con la patente desacomodada, sin casco y la falta del recibo de la cuota del seguro forzoso, no podrá recuperar su rodado (por lo muy gravoso del castigo que sufrirá, que probablemente iguale o supere el valor de su unidad).
Prevenir, aunque no resulte lo eficaz que se planeó, ayuda a que los potenciales infractores sepan sus riesgos económicos y a que las arcas fiscales accedan a dineros suplementarios y que alivian los descomunales gastos que se impone la administración pública.
En ese sentido, resultará provechoso extender progresivamente la intención preventiva que aliente mejorar nuestra sociedad. Tener una religión obligatoriamente, no leer comentarios periodísticos desestabilizadores, no poder ir a la cancha cuando se es socio del equipo visitante y otras imposiciones acompañarán a la recuperación del orden ansiado y que la impericia de gobiernos anteriores elevó a expresiones estratosféricas.

Alentemos a los gobernantes a asumir el rectorado moral que perdimos hace tres décadas. Sepamos que el narcotráfico, que hoy une la marcha de numerosos estados, es incombatible. Ajustemos nuestras leyes a esa debilidad y sepamos mirar el futuro con ilusión.

sábado, 31 de agosto de 2013

Exterior

Nuestros concejales llevan a cabo la tarea de representar los intereses vecinales, por sector o por vecindario, incidiendo en el despliegue de la administración municipal. De ese modo, ya sea elevando voces de los pobladores de un barrio o de vecinos interesados en rubros específicos (económicos, sociales, etc.) comunican al Intendente sus pareceres y recomendaciones.
Dentro del Concejo se reparten entre comisiones que atienden las distintas áreas que debe cubrir la política comunal. Es la salud, el tránsito y el transporte, o la hacienda municipal y otras.
Lo que es notable radica en que la función de los ediles se da de la Municipalidad hacia afuera. Es decir, de la relación del municipio con los vecinos, con el gobierno provincial, en la convivencia regional o la vinculación con esferas nacionales. También, poco asiduamente, en un rol internacional.
Es muy poco habitual que los concejales se dediquen a las cuestiones internas del desenvolvimiento municipal.
En casi treinta años de trabajo profesional, quien escribe nunca fue consultado por temas de esa orientación. Con seguridad, a compañeros de responsabilidades similares tampoco les ha tocado esa suerte (salvo en cuestiones que alcanzaron repercusión mediática).
Es un gran defecto de la comprensión del rol de los miembros del HCD. En el caso bahiense, nuestro gobierno ocupa a unos 3 mil trabajadores y gasta unos tres millones de pesos cotidianamente. Es la empresa más grande (o, por lo menos, una de la mayores) del distrito.
¿Cómo entender o justificar el desinterés de los ediles por el tema? Deberían tener ideas actualizadas de la performance de las diversas áreas más o menos críticas de la Comuna. Su responsabilidad es auditar el despliegue del departamento ejecutivo en pos de las metas políticas votadas por la ciudadanía de Bahía Blanca.
Es determinante que la estructura del Concejo es inapropiada, insuficiente para lo que les toca hacer. Cada miembro debería tener sus asesores para alcanzar a una información lo más cercanamente posible a la realidad y no estar sujeto a la individualidad actual, que sólo se salva cuando alguien del bloque partidista puede ayudar a sus pares.
El HCD es el cabildo. Lo integran los legítimos voceros de la comunidad. Son hacedores de los propósitos elegidos en las urnas y celadores de su mejor cumplimiento. Hoy, el jefe de la ciudad está instalado en el palacio municipal y da forma ala planta y las herramientas de acuerdo a sus criterios y con fines obviamente electorales.

Será mucho más positivo que el Intendente se asiente en el HCD y dirija a un departamento de ejecución integrado por gente concursada, estable y de carrera, convenientemente asesorada por los cuerpos profesionales y técnicos que mejor convengan.

viernes, 2 de agosto de 2013

Sin Partidos

Centralicemos la actividad política general en las Primarias Abiertas. Es alentador.
En primera instancia, por la desaparición de los partidos en la continuidad social. Deberían ser cuna de ideas, dirigentes y militantes. Hoy sólo son sellos que visten listas de candidatos a la arena política. No hay distinción ideológica, dogmática o de pertenencia.
Las Primarias se transformarán en asambleas donde se podrán volcar proyectos y nombres que salvarán nuestra idea federal y representativa.
Todas las intenciones urbanas, regionales, provinciales o nacionales se someterán a las preferencias de quienes quieran votar (dejamos de lado lo obligatorio, hoy estéril) para confluir, los mayoritarios, en el sufragio general voluntario.
La libertad del voto empujará a las agrupaciones a enriquecer sus propuestas para la atracción esencial. Hoy se llama a elegir a figuritas con propuestas muy generales.
Deberemos lamentar el deceso de los escudos, escasamente significativos, de los partidos de siempre. Esto ayudarà a la desaparición de los trucos que ejercen, además del oficialismo, las casas partidarias: clientelismo, amiguismo, etc. Lo mismo ocurrirà con la financiación de las campañas, que dejan inevitablemente comprometidos a los que ganan con quienes en las sombras dieron sus dineros en ese favor.
Esta idea impulsará el compromiso de los centros de estudio con la comprensión de las realidades regionales y el identificar alternativas de solución. Estas líneas de acción podrán fundamentar las diferentes propuestas políticas. Surgirán los candidatos que se encaramen sobre cada una de ellas.
Las Primarias Abiertas serán una de las herramientas del impostergable cambio que urge.
La consolidación de los rumbos democráticos tiene que ir acompañada de las modificaciones en el poder judicial (quitándole a los abogados la exclusividad de su llenado) y permitiendo los juicios por jurado y otros recursos que favorezcan la participación social en el desenvolvimiento de esa fuerza constitucional.
No se justifica tampoco la permanencia de los legisladores en bancas que sólo sirven para secretarías del oficialismo o para prebendas de la oposición. Los congresos deberían ser asambleas donde se definan aquellos proyectos puestos a juicio de la sociedad. Y que cada representante se vuelva a casa y al trabajo al finalizar la función.
La Auditoría General es un organismo creado para controlar el desarrollo del poder ejecutivo y debe actuar plenamente. Está conformado por gente de la principal fuerza opositora, que dura en el cargo mientras lo hace legión oficialista. Estas Auditorías deben existir a todo nivel de gestión pública, incluyendo comunas y provincias.
El gasto estatal ha crecido diecisiete veces en la “década” reciente. Obliga a que cada peso consumido sea sustraido en su mitad por la voracidad oficial (aparte de los que sustrae el gravamen a las “ganancias”). Los impuestos deben recomponerse para ponerlos primordialmente al servicio de los más necesitados y de la creación de empleo y el refresco de la inversión productiva.
Las fuerzas armadas absorben buena parte de los expendios del gobierno y su productividad es escasa: habrá que cambiar su orientación.
El gasto en educación debe despertar potenciales, formar y calificar la capacidad de trabajo. El modelo actual es abrumadoramente disciplinante y esteriliza recursos que podrán paliar el castigo de la vejez y el hambre infantil.

La Argentinaa vive a los ponchazos y de parche en parche. Es una gran lástima desperdiciar tanta riqueza humana. Por algo este pueblo dio tantos Nobel como el resto de Sudamérica. El futuro está latente y la intolerancia agazapada.

miércoles, 24 de julio de 2013

El Cabildo nuestro de cada día

Los concejales bahienses (24, más 12 suplentes) conforman el Cabildo del partido bahiense. Distribuyen su trabajo en comisiones y designan periódicamente a sus autoridades: presidente, vice y secretarios.
La composición del cuerpo resulta de cada elección bienal.
En agosto, los ediles alcanzarán un aumento del 6% en sus remuneraciones (que ascenderàn otro 8,5% antes de fin de año). Así, cobran actualmente 26.146 pesos cada mes. O sea, un poquito más que el contador general de la comuna y algo menos que los secretarios del intendente.
Estos niveles remunerativos parecen altísimos a primera vista. A la segunda, también.
El nivel percibido por cada concejal es de casi dos veces más que el de un obrero de la Municipalidad, que orilla casi los 6 mil.
Dos temas: por qué tiene que darse tanta diferencia en las remuneraciones y qué representación tienen los integrantes del HCD.



Lo de las diferencias es injustificable. La gente de mayores responsabilidades (cerca del jefe comunal, por caso) pareciera merecer vestirse bien, comer mejor, distraerse más gratamente que un simple trabajador municipal (con su presumible carga de familia).
Por otra parte, con partidos vacíos y cambiantes voluntades de enfilarse con los oficialismos, los candidatos al Concejo se suman en listas escasamente conocidas por el sufragante para acceder a la función pública. El HCD es nada menos, ni menos, que el organismo político esencial de la comunidad. Debería tener una ajustada representación de las fuerzas sociales y comandar definidamente al departamento ejecutivo. A gran distancia de eso, los intendentes surgen por otra vía y disponen de la planta comunal para como mejor les convenga.
Creemos que el intendente tiene que ser el titular del HCD y todo el plantel del Ejecutivo de carrera. Es decir, secretarios concursados y asistidos por los cuerpos de profesionales y técnicos de la ciudad.
A la vez, los ediles deben contar con todo el apoyo asesor que quepa porque todos y cada uno de ellos ocupa un sitio crítico.

Es tiempo de modificar la ley orgànica provincial y promover un cambio que nos de el aire suficiente para sobrevivir en democracia.

jueves, 23 de mayo de 2013

La mitad

De cada peso que la gente puede gastar, el Estado le quita la mitad.
Esa es la parte de lo que cada vecino cede de sus posibilidades de consumo para que el aparato público pueda desenvolverse.
Para calcularlo hay que agregarle al IVA (17 centavos y medio de cada peso en bolsillos) los impuestos aplicados directamente sobre el gasto privado: los provinciales y municipales, más los de la nación (como Internos, Fondos, etc).
Además, de cada moneda o billete hay que separar lo que las administraciones públicas reclaman bajo la forma de patentes, inmobiliario, limpieza y conservación de calles, tasas sanitarias y demás.
Es claro que todo ese dinero extraído de la capacidad de consumo popular se destina a hospitales, escuelas, subsidios varios y muchos, administración, seguridad. Y también a lo que insumen las fuerzas armadas, policías, etcétera. Más los efectos del endeudamiento externo e interno.






Para algunos podrá parecer justificado y para otros excesivo. Depende de cómo se gaste: cuál es la inteligencia y la calidad de lo que usa el Estado para sostenerse (o mejorar, como en otros pocos países).
No entraremos en el juicio sobre la validez y razones de esos presupuestos. Vale la pena el tomar conciencia del escenario en que se despliega la economía real (y sin considerar cómo puede complicarlo todo la inflación que las autoridades no quieren o no saben controlar).

La economía es un circuito polarizado por productores y consumidores. Debilitar la capacidad de gasto para usos improductivos (tanto por el Estado como por los particulares y en un circo de usurarios intereses financieros y de engorde de los monopolios) arriesga el desarrollo del empleo humano y material y el futuro social.

viernes, 1 de marzo de 2013

No hay caso


A pesar de que los valores de las multas se quintuplicaron entre 2010 y 2012, la cantidad de infracciones creció en Bahía Blanca 14% en ese lapso.
Pasarse por un semáforo en rojo origina un castigo de 1947 peso (dejando de lado la ampliación de ese castigo resoluble por los jueces municipales en caso de reincidencia). A fines del 2010 eran 200 pesos de base (reductibles a la mitad si se abona previamente a la fecha de la audiencia).
Se podría demostrar así que la multiplicación del monto de las multas no incide en la disminución de ilícitos.
Ya 2011, con el 8 por ciento más de infracciones que un año antes, negaba ese propósito aún al haberse duplicado en ese tiempo los valores del 2010.



Faltaría comparar los ingresos comunales generados por ese rubro para estimar cómo habría variado la predisposición de los imputados a pagar de año en año.
Lo que sí es conjeturable es que aumentar los importes de las faltas no redunda en un mejoramiento de la inconducta de los vecinos. Sobre todo si se observan las grandes diferencias de capacidad de gasto de los diversos sectores: castigar por igual en moneda es una desconsideración de ese postergado y cada vez menos atendido problema social.