Disloque

Hay dos planos que distinguen el disloque bonaerense.
Primeramente, el Conurbano. Es extensión de la Capital. Viven los que trabajan en la CABA. Sobreviven (quizá) los que migraron al Gran Buenos Aires por una esperanza.
El Conurbano tiene que añadirse a la CABA. No es provincial. Absorbe la mayoría de nuestros recursos empobreciendo a los bonaerenses. Le da un peso electoral que trastoca el mejoramiento de la democracia.

Otro es la organización política. Hay mucha distorsión entre los municipios. Hay pobres y pudientes. ¿Cómo se justifican diferencias de sueldos entre comunas para las mismas funciones de trabajo? ¿Por qué se deja en los intendentes, que cobran de la planilla de Personal, la discusión de los salarios? Un aumento hará que el jefe también se beneficie. No tiene sentido.
Lo malo es que ni siquiera en la Carta Orgánica, que es la ley de los municipios, se ha dispuesto un organismo que represente a los vecinos (más allá de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que normalmente integran afiliados del partido oficialista) que plantee al Ejecutivo comunal la posición de quienes realmente lo sostienen con sus tasas y derechos y multas.
Los salarios deberían establecerse a nivel provincial, para todos los distritos. Los fijaría el Ejecutivo en asociación con el congreso bonaerense . Lo más justo.

La Vieja Provincia

La provincia de Buenos Aires está partida en dos mundos muy diferentes. El conurbano, quizá inseparable de la Capital Federal, con sus 10 millones de habitantes, y el resto provincial: extenso, despoblado.
Ese segundo mundo bonaerense integra y aporta a un estado demasiado inequitativamente.

La mayor parte del presupuesto votado en La Plata tiene que ocuparse de los dramas del Gran Buenos Aires, ya sea con fines de seguridad, justicia, educación o emergencias sociales. El otro centenar de partidos reclama, con suerte según bandería política circunstancial, por el saldo mínimo restante.

Recomponer Buenos Aires es una cuestión de equidad política. Hay que dividir el territorio en el Conurbano, que deberá ligarse definitivamente con la Capital Federal, y el otro continente provincial, dando lugar a dos estados. Ese tema merece ser debatido y resuelto a la brevedad.
En materia constitucional, la justicia y la seguridad no pierden ninguna actualidad. Este es un abanico de problemas que va desde el trágico sistema carcelario, abarcando su incapacidad física y doctrinaria para la recuperación y el castigo, hasta la legislación que pretendidamente pueda afirmar un esquema de justicia.

Hay temas legislativos puntuales que no son llevados a la arena parlamentaria o partidista. Por caso, la justicia de faltas, cargada a espaldas de la Provincia y los municipios. ¿Cómo puede seguir sosteniéndose un sistema de castigos, dando por supuesto que todos los bonaerenses tenemos una misma capacidad económica?. No es otra cosa el penar con dinero las infracciones de tránsito, transporte, comercio, industria, etc. Donde se renuncia a la equidad, se deja de ser justo.

¿Podrá ser lo mismo un castigo de 300 pesos por un cruce de semáforos en rojo para un infractor pobre como para uno rico?. Porque en la base de esa legislación está el suponer que un peso puede doler lo mismo a quien mucho puede como a quien nada tiene. Eso está todo mal. Fundamentalmente, a medida que han aumentado groseramente las diferencias entre ricos y pobres.
Debería castigarse teniendo en cuenta la habilitación dada por la sociedad, sea a un comerciante, a un conductor o a un servidor público. Por ejemplo, acortar el periodo de renovación de la licencia de conductor a quien infringe una disposición de tránsito.

En el drama policial y carcelario, el derecho se basa excesivamente en las responsabilidades individuales. Eso no está bien. Como la sociedad toda, la familia tiene que ser la célula primaria. Por lo tanto, que quien comete delito sepa que está comprometiendo ante todos a sus padres, sus hijos, su gente. El estilo actual individualiza demasiado al criminal. Hay que envolverlo pesadamente en su entorno familiar. Que sienta la vergüenza de hacer pública a su familia. Ese es el sentido de culpa que debemos recuperar y fortalecer para consolidarnos socialmente.


Hay distintas urgencias que habrá que estudiar y valorar, proponiendo soluciones a los reclamos de una Argentina mortificada por la corrupción y el desencuentro.

Omnibus: hacia la monopolización

No deja de producir irritación y fastidio la Opinión /EDITORIAL de "La Nueva Provincia" de hoy. Otra vez sacude odio y antipatía a su gusto, interpretando unilateralmente una decisión de nuestros Concejales. Señala:
Aumento
Es sencillo no asumir los costos de gobernar con seriedad cuando se es oposición. No hay que hacer otra cosa que un discurso populista y medir las consecuencias de nuestras acciones u omisiones sólo con la vara de la mezquindad electoralista o partidaria. Esto fue exactamente lo que ocurrió con el rechazo al aumento del boleto de colectivos que realizó la mayoría del Concejo Deliberante, el jueves pasado.

Analizando , quizá, con algo de profundidad el problemón del transporte urbano se podrá concluir en que es insostenible un sistema financiado a través del boleto y los subsidios públicos.
El movilizarse a la escuela, al trabajo o al hospital es una necesidad. La Democracia exige promover la igualdad de oportunidades (por infinitamente lejana que pudiera parecer). Entonces, las necesidades públicas deben satisfacerse a través del esfuerzo de los que pueden. Habrá que diseñar un esquema de tributos que solucione una razonable estructura de colectivos. Es irracional imaginar que los costos pueden ser cumplidos por quienes menos tiene y más necesitan.
Probablemente haya sido ese apetito solidario el que movió a los ediles y no la recurrencia a artilugios electoralistas, como propone nuestro diario.
Comentamos hace un rato largo que esta forma de financiar el transporte urbano sólo podía llevar a la monopolización (y en este mismo Blog).
Esperamos el debate.

¡Cuánta desprolijidad!

Los responsables del sistema vigente de patentamiento vehicular han dilapidado sus posibilidades.
Basar en una composición de tres letras y tres cifras favorece identificar unos veinte millones de dominios (motos, aparte).
Hasta el momento se han usado de la R a la Z iniciales para designar a los modelos previos a 1995. Esto significa que se van a agotar casi siete millones de chapas posibles en ese propósito.
Los rodados más actuales (del 95, para acá) se inician con A (llegando a completar la H, hoy). o sea, otras seis millones de patentes virtuales.
La realidad indica que no hay oblando impuesto no mucho más de siete millones de vehículos de más de dos ruedas.
Para los responsables del sistema han alcanzado algo menos de 13, sin embargo.
¿A qué podrá deberse semajante desprolijidad? Quizá, probablemente a una desordenada distribución entre los trescientos Registros repartidos en el País, sin afán alguno de eficacia por parte de los funcionarios nacionales.
Valga este tema para pintar la desidia con la que se empeñan quienes están a cargo de decidir y ejecutar la cosa pública.
Obviamente, esta irregularidad no es exclusivamente nuestra. Es consecuencia del desmedido volumen que se ha dado al aparato estatal en todo el Mundo.

Caótica Mar del Plata

Dejando de lado la falta de limpieza y la rotura de calles, la Perla atlántica muestra una inaceptable renuncia legal. Se ha relajado absolutamente el respeto a las normas de tránsito.
No hay motociclista que use casco protector. Menos, los que enseñan la patente en condiciones. Los taxis han superado largamente, en su mayoría, la edad permitida: coches viejos, sin higiene, son los predominantes. Y muy pocos,cinturón de seguridad puesto.
El parar en segunda fila es moda irresignable. Nuestra foto da cuenta de un vehículo comercial frenado en doble fila, en calle angosta, con suficiente espacio para estacionar correctamente. (Las basuras de la acera no son casualidad).
Esta falta de autoridad comunal manifestada en el desprecio a las normativas de tránsito sólo da pie a pensar que no se quiere molestar al turista aún a costa de la recaudación que deberían generar aquellos que se frotan entrepiernas las disposiciones legales.
Por otra parte, ese abandono se ve también en los frentes de los lugares de comida. Muchos, más visitados por palomas y roedores que por clientes.
Los bonaerenses nos merecemos una Mar del Plata feliz: limpia y ordenada. Los dineros que arrimó la gobernación a la recuperación del selecto Hotel Provincial podrían haberse derivado a campañas de persuasión al respeto a lo que es común a todos: la ley.

Estatismos y libertades

La legislación sobre tránsito y transporte refresca con contundencia los riesgos alarmantes del avance estatista.
Confundir derecho y moral, o lo social y lo individual, lleva a pretender normas que regulen y transformen conductas con herramientas inapropiadas.
Cabe legislar ante situaciones en que se marca la oposición de intereses.
Corresponde sancionar a quien afecta una propiedad, a quien maltrata un bien ajeno. Pero, no, a quien arriesga su individualidad (ya sea manejando una moto sin casco, un coche sin el cinturón de seguridad puesto).
En ese terreno cabría esperar que nos marquen y castiguen por practicar una religión o por leer ciertos libros.
Es inconcebible que todavía se esté multando al que no muestra en el mismísimo momento de la requisitoria el recibo de pago al día del seguro de su vehículo. ¿Cómo puede obligarse a alguien a llevar adelante un contrato privado? ¿O es que toda vez que se fuerza a algo desde el Estado no corresponde que se provea la alternativa gratuita para que ese reclamo pueda cumplirse? Si se obliga a educar a los hijos, se ofrecen escuelas públicas financiadas con impuestos. Si es ineludible la vacunación, habrá acceso sin costo familiar a ella.
Por otra parte: cuán equitativa es la ley que sanciona con pagos de dinero a pobres y ricos sin miramientos. Sobrevivimos una sociedad cada vez más desigual. Las multas no pueden reclamarse en circulante. Debe hacérselo, en todo caso, en términos del tiempo de habilitación que el Estado consigna a un derecho económico, como el de explotar un comercio, un medio de transporte o la utilización privada de un auto. El scoring (¿era necesario ponerle un nombre en inglés?) se acerca a éso. Pero mantiene la confusión facilista de derecho y moral.

Democracia municipal

Estamos ante otro paro de trabajadores municipales de Bahía Blanca. En ruidosa actitud, el reclamo de aumento es muy fuerte.
Enfrente, el Ejecutivo tensa la situación oponiéndose a la magnitud del ajuste requerido.
Ya lo señalamos en una página anterior. La escena es irrisoria.
El Intendente, sus secretarios y directores están incluidos en la plana de sueldos abonados por la comuna. Todo aumento de la remuneración a los empleados puede recabar en una mejora para los funcionarios. Todos corren por ventajas para la misma meta.
Es cierto que comprimir la masa de salarios y aportes y otras cargas ayuda a la economía que pueda desplegar el equipo de gobierno. Se ha dado también una vez (una sola vez) en la que los de arriba no se dieron aumento. En otra oportunidad se lo adjudicaron para ellos solos. En los 90.
Los concejales conviven igualmente los avatares de la escala de remuneraciones.
Es oportuno cambiar las cosas.
El cuerpo ejecutivo y el de los ediles deberían conformar una cuestión de contratos especiales. Dejarlos aparte de el cuadro de sueldos de la planta estable.
Son contratos especiales de cuatro años. Renovables según las urnas.
Bajo esta óptica es posible admitir el rol del intendente como administrador de los bienes vecinales. Y el de la gente del HCD. Y el de los colaboradores políticos del jefe comunal.
De otra forma, manteniendo las circunstancias actuales, la discusión salarial debería plantearse ante la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que es más representativa de la comunidad que lo que lo es el Departamento Ejecutivo y el Deliberativo.
Además, bajo contratos especiales se evitaría un problema: al salir de planta estable directores, subsecretarios, etc., no podrían reclamar anclarse a sus puestos, como se suele dar equivocadamente. Estas chances no concursadas enrarecen.

TOCAR FONDO
Si el Intendente sigue siendo la cabeza del Ejecutivo, modificándose cuerpos directivos tras cada reemplazo poselectoral, no se logrará estabilidad en las políticas municipales.
Se requiere continuidad y se malogra con este sistema de cambio. El jefe comunal debe estar en el Concejo, como edil principal, y controlar desde allí el cumplimiento de las decisiones emanadas del programa partidario más votado.
Hay que darle a la planta de jerarquizados del Ejecutivo la estabilidad que asegure capacitación y experiencia resolutiva.
Los objetivos se ordenan según las urnas, se plantean el el HCD y se plasman en su ejecución.
Esa es la forma posiblemente más respetuosa de la base democrática de una sociedad: la de sus municipios. Recuperemos representatividad, descartemos las fuentes de corrupción (clientelismos, amiguismos, etc.) y alentemos a todos a sumarse a la consolidación en paz.

La ilustración pertenece al puntaltense Jorge González Perrín