USURPACIÓN

Convertirse en dueño de la calle es usurpatorio. Hacerse propietario del acceso al garaje de una vivienda es ilícito.
La legislación bonaerense más reciente sobre tránsito impone que debe conseguirse la autorización municipal para hacer uso del acceso al garaje residencial sólo en horarios específicos y reducidos. Esto quiere decir que el ocupante de una casa con acceso para autos puede obtener permiso para disponer del tramo de la calle que ayuda a entrar a su garaje en los horarios en que la Municipalidad le favorezca.
En nuestro macrocentro, ligado al crecimiento irreflexivo del parque automotor y al circuito de los colectivos (que dejan y levantan gente en pleno centro), la usurpación de las entradas a los aparentes garajes (debe haber muchos que o no tienen coche o usan ese espacio para otros propósitos) complica el estacionamiento y la vida apacible de los conductores.
Esta introducción nos permitió esbozar diversos temas de análisis.
Uno: espacios públicos apropiados por ocupantes de viviendas unifamiliares con acceso de autos. Aquí hay que hacer respetar la ley. Se tiene que conseguir la autorización comunal para que en determinadas horas nadie estacione en ese lugar. Quedan, por ahora, fuera del tema los accesos a empresas y residencias multifamiliares.
Dos: el aumento ingobernado del volumen urbano de autos. Si se tiene en cuenta que cualquier auto en aptitud de circular significa la pérdida de por lo menos mil pesos mensuales de capacidad de gasto para su tenedor, es irracional adquirir un rodado “para buscar los chicos al Jardín” o metas similares. La ilusión de poseer un auto debe contrastarse irremediablemente con esos mil pesos (como mínimo) que se pierden cada mes de ser gastados en otra cosa.
Tres: el servicio de taxis y remises en esta Ciudad es desparejo y caro. No hay regulación municipal que ayude a que el propietario del taxi tome en serio su inversión, mantenga actualizada la unidad, respete la situación de sus choferes (que manejan 12 o 14 horas diarias en medio de todo el stress urbano). En Bahía Blanca, un taxi llega a significar fácilmente 10 a 15 mil pesos de ingreso bruto por mes (según la parada). Descontando los 4 mil que puedan llevarse los choferes, queda un monto importante como para renovar a 0 km el taxi cada cinco años. Máxime, con las tarifas actuales.
Cuatro: los colectivos no deben circular por el microcentro. Deberían hacerlo a dos cuadras del mismo, por ejemplo. Eso aliviaría en mucho el tránsito más denso.
(¡Ah! Se cumple lo que previmos hace cinco años. Dejar que el pago individual del boleto sea la forma de financiar el sistema intraurbano de transporte está llevando aceleradamente a su monopolización).
Lo expuesto nos induce a reclamar que todos: Municipalidad, taxistas y vecinos ordenemos el drama del tránsito local.

Legislación represiva

Multar por no usar casco conduciendo una moto es ilegítimo. No es materia de derecho. Es un tema moral, de libertad de elección individual. De convicciones. Lo mismo, lo propio con los cinturones de seguridad. La forma más eficaz de prevención es la educativa.

La ley tiene que ver con la vida de relación. La de la persona con otra persona. O con otra cosa (de otra persona). Si se roba, se mata, se ofende, siempre es contra alguien. Nunca, contra uno mismo.

Si una ley obliga a renunciar a vidrios polarizados, podría dar pie a otra que fuerce a tomar una religión determinada.

La diferencia entre moral y derecho es la individualidad en oposición a la sociedad. Todo lo que cabe como decisión personal escapa de lo normativo hasta tanto interese a un prójimo. Si se tienen enganches salientes en un vehículo, sólo se podrá recurrir a justicia ante un daño originado por esa elección. Claro que para que ese irresponsable saque el enganche de su rodado se necesitará un esfuerzo persuasivo y educativo de la sociedad.

Imaginemos programas de TV donde se muestren las barrasadas que se cometen en el tránsito. Debe ser muy atrayente ver vecinos empeñados en hacerse daño (como llevar una moto sin casco o manejar usando un celular) y en infligírselo a otros (pararse en doble fila, desparramar gases tóxicos en pleno centro, etc.). Poder recrear ese sentido de vergüenza que nos ha escondido tanto corrupción va a ser muy sano para todos.

Pero mucho más sano será ir progresando en democracia y definir hasta dónde llega el autoritarismo que alentó a esta Argentina ingenua. Los poderes de la legislación y la judicatura han avanzado oscuramente al amparo de los pobres sistemas educativos y de los excesivos poderes nacidos de la riqueza. Hay mucho autoritarismo impregnado en nuestra vida social: es represiva y disciplinante la familia, la escuela, el trabajo. Nos falta consolidarnos en nuestra libertad individual para hacer más creativa y dinámica nuestra vida social.

Claro que si seguimos homenajeando a los monopolios (como el que tiene que ver con la foto) y a su carnaval de prepotencias, el camino a lo justo será cada vez más difícil.

Para volver a creer

Liquidamos el 2007.
Sobre fin de año estamos sacudidos por la angustia. Y una pobrísima esperanza.
La violencia tiñe cada día nuevo. Acá, en Bahía Blanca.
Ya se escucha, cerca nuestro, “que vengan los muchachos”. O sea, los de los escuadrones de la muerte.
Estamos marchando a una guerra civil. El gobierno parece no saber cómo arreglarlo. Nos tendremos que enfrentar contra los armados. Habrá que llorar a nuestros seres, uno por uno, a medida que los hieran o los maten. ¿Sabremos ahogar la impotencia que crece tras cada robo, cada fallida captura, cada liberación insólita?
Viviremos desconfiando de la policía, cuanto más concentrada más incontrolable.
Tenemos que encauzar todo dentro de las instituciones.
Esta Ciudad tiene un Intendente que es el representante de los vecinos. Tiene concejales, voceros de distintos sectores.
¿Sirve acaso que el Intendente se muestre reclamando ante la Provincia por más seguridad mientras que nada se soluciona? ¿Cuánto provecho ha significado esa comisión de seguridad integrada por las fuerzas vivas bahienses? Quizá, los carteles de vidriera que reclaman seguridad.
No. El Intendente y sus funcionarios tienen que estar junto al vecino: al vecino maltratado, al indefenso, al asustado. Tienen que acercarse siempre y mucho para que se sepa que lo que le pasa a alguien es un problema de todos. Que no pueden vivir amenazados después de haber sufrido la violencia. Que tienen derecho a la Justicia y sus recursos de investigación, captura y represión.
Al lado de cada bahiense humillado tienen que cantar “Presente” el Jefe comunal o sus asesores. Esas comisiones tienen que moverse para asistir directamente al desconsuelo y reclamar de la policía la acción forzosa.
Todo el País está pasando por esto. Las grandes diferencias entre pobres y ricos, la enorme concentración de riquezas y oportunidades en pocos, el “todo tiene un precio” o “todo se compra y se vende”, la vergonzante impunidad, abonan una frustrada y agnóstica actitud hacia la República.
Empecemos por las ciudades y los pueblos acercando al funcionario a quien más lo necesita. No, para hacer negocios. Para sobrevivir, nada más.

¿Cómo se calcula el presupuesto bahiense?

El presupuesto municipal reclamará mil pesos por familia bahiense.
El proyecto del Ejecutivo propone un gasto que dolerá esa suma por unidad familiar, si consideramos que sólo la mitad de los hogares está en condiciones de sufragarlo.
Se debe dividir 366 millones por cuarenta mil y da ese resultado.
Cabe razonar lo siguiente:
1- De los 400 y pico mil millones que produce el País anualmente, descontando no menos del 50% para reproducir el capital instalado, podrían adjudicarse 2 mil y algo a Bahía Blanca, dado que somos 1% de la población nacional. Por ende, cada familia bahiense obtendrá en promedio (siempre reconociendo que no más de la mitad disfruta una condición de holgura) unos 4 mil pesos mensuales de ingreso.
2- La Comuna absorberá una cuarta parte de esa última cifra. Será para recolectar residuos, reparar baches, asfaltar, atender la salud pública (compartiendo discutiblemente esa función con la dotación del Hospital Interzonal Penna), controlar alimentos, cuidar el tránsito y velar por el transporte. Además, finalizar y pagar la Terminal de ómnibus de larga distancia (que es negocio de las empresas de colectivos). Deberá también subsidiar lo que quede del sistema de movilidad intraurbana, que se complementa con un servicio de taxis de los más caros y desparejos del País.
3- Corresponderá que el Municipio observe el frágil esquema de provisión eléctrica y el problemático abastecimiento de agua potable.
4- El plantel de la Comuna supera las 3 mil almas y los salarios varían desde los 3 mil a los mil (entre los estables), pasando por 4, 6 y 8 mil para los funcionarios políticos. Y 20 mil, el Intendente. Se informó que 140 millones irán en 2008 a los bolsillos de empleados y jerarquizados. Aparte, se mantiene un cupo importante de contratados por unos 300 pesos al mes, sin derechos laborales ( y todas las tareas de limpieza derivadas a una cooperativa que le alivió considerablemente el problema al erario: por los aportes ahorrados).
5- El gasto municipal pasó de los 120 millones del gobierno de Rodolfo Lopes (2004/ 2005) a 366 en la confirmación de C. Breitenstein. Si no puede explicarse ese aumento en un impactante cambio en los servicios de salud, aseo, y acopio de basura, del parque automotor, de pavimentos o edificios comunales, ¿cómo se justifica semejante modificación?

Da que pensar en que lo que estamos pagando de más en este lustro no parece capitalizarse en la Ciudad, sino afuera.

Irracional Justicia de Faltas

Entraron en vigencia los nuevos valores de las multas de Tránsito. Es justicia de orden municipal y los importes son fijados por ley provincial. No se modificaron aún las del sistema de estacionamiento medido.
Hasta ahora, las infracciones se dividían en graves y leves. Las primeras se castigaban con cien pesos y las suaves, en 25 y 30. Se admitía reconocimiento de culpas previamente a las audiencias y aprovecharse de descuentos del 25 y 40%.
Alternativamente, las faltas sometidas a dictamen del juez pueden caer en la multiplicación de las penas según reincidencias.
Desde estos días, los ilícitos de Tránsito son prácticamente todos graves. Y significan no menos de doscientos pesos iniciales.
El propósito explicado por las autoridades (bonaerenses) es el de defender los derechos humanos y corregir las anomalías que originan dolientes pérdidas. Todavía se está a la espera de la aprobación del Congreso. Es decir, todo se maneja con marco de necesidad y urgencia ejecutiva. No obstante, el esquema tuvo origen en enero y se puso en práctica sólo recientemente.
Hay una cuestión fundamental que no se corrige.
Quienes mandan, generan y aplican las leyes, pretenden hacer justicia sin respetar la equidad. Suponen que todos estamos en muy pareja (e irreal) situación económica. Porque si no, no puede entenderse de otro modo que pudientes y necesitados tengan que pagar en moneda para recomponer conductas indebidas al volante.
Si se es realista, no puede dejar de admitirse que hay cada vez más diferencias entre ricos y pobres. Y es obvio que una multa de 200 pesos será mucho menos significativa para unos que otros. Aquí no hay equidad: por lo tanto, no existe justicia.
Para colmo, quienes ejecutan, legislan y juzgan sigan pretendiendo hacer democracia desde sus escritorios. Urgidos por la violencia creciente y la imprudencia de conductores y peatones y la furia de los noticieros que azuzan la angustia de sus espectadores con imágenes de sangre y desazón, se pretende castigar aumentando multas.
Lo que más se consigue es ampliar la injusticia.
Todo esto se da en un escenario bahiense con cada vez más coches, menos espacios de estacionamiento, más publicidad de autos y motos picantes y un espíritu corrector que está en deuda con lo democrático. ¿Por qué? Porque no es conveniente comprometer las libertades: ¿cómo penar a quien no usa casco al manejar una motocicleta? ¿En mérito a qué? El derecho actúa en el arbitraje de intereses de partes. Lo otro es propio de la moral. Esa intención relativa al casco puede llevar impensadamente a castigar o impedir un culto religioso; o una lectura o un espectáculo. El derecho no puede obrar en prevención. Para eso existe la educación o la persuasión.
Ocurre que en una sociedad como la nuestra, amamantada en lo disciplinante y represivo, se admite que la ley opere sobre lo moral. Eso es perjudicial a la democracia.
La mayor parte de la legislación de Tránsito es preventiva. Y seguramente ha conseguido muy poco en materia de seguridad. De otro modo, no estarían aumentando las multas.
El castigo más razonable debería caer sobre el permiso que otorga la sociedad para ejercer un derecho: la licencia de conducir, de llevar adelante un comercio, etc. Se podrían acortar los plazos de esas concesiones. Pero, no, recurriendo a una pena pecuniaria. Es inequitativa: injusta.

Les ponemos la tapa

Por cortesía, dado que nos hacen saber permanentemente las nuevas tapas, y por respeto a la que es considerada la publicación mejor lograda del País, aquí va la presentación más reciente.

SINGULAR DISTINCIÓN CIENTÍFICA REGIONAL

El Comité de Adolescencia y la Red de Adolescencia de la Filial Bahía Blanca conjuntamente con el Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur presentaron un trabajo en el " 4º CONGRESO ARGENTINO DE PEDIATRÍA GENERAL AMBULATORIA" , el cual, entre 300 trabajos libres, resultó preseleccionado para opción a premio.
La obra, que demandara un año y medio de preparación, titulada: "Bullying, Agresores, Victimas y Testigos del Maltrato entre Iguales", recibió el día 24 de Noviembre de 2007, por unanimidad del jurado el 1er. Premio al mejor trabajo científico.
Los autores llevaron a cabo un trabajo de campo en catorce instituciones educativas de Bahía Blanca, Puán y Benito Juárez mediante una encuesta autoadministrada y anónima a 616 alumnos.
Los autores son: Dra. Liberti María Cristina ; Dra. Cohen Guinsburg Adelfa ; Dra. Dolcini Martha ; Dra. Ipiña Aída Luz y Lic. Wajner Graciela, del Comité de Adolescencia; Lic. Serralunga María Gabriela y Master Yáñez Loreto, de Universidad Nacional del Sur; Lic. Asnes Mariela ; Lic. Bécares Pedro ; Lic. Crego Elizabet ; Lic. Dinoto Nora ; Docente Ferrara Aldo ; Dra. Santamaría Silvia y Lic. Vergara Diana de la Red de Adolescencia.