Entraron en vigencia los nuevos valores de las multas de Tránsito. Es justicia de orden municipal y los importes son fijados por ley provincial. No se modificaron aún las del sistema de estacionamiento medido.
Hasta ahora, las infracciones se dividían en graves y leves. Las primeras se castigaban con cien pesos y las suaves, en 25 y 30. Se admitía reconocimiento de culpas previamente a las audiencias y aprovecharse de descuentos del 25 y 40%.
Alternativamente, las faltas sometidas a dictamen del juez pueden caer en la multiplicación de las penas según reincidencias.
Desde estos días, los ilícitos de Tránsito son prácticamente todos graves. Y significan no menos de doscientos pesos iniciales.
El propósito explicado por las autoridades (bonaerenses) es el de defender los derechos humanos y corregir las anomalías que originan dolientes pérdidas. Todavía se está a la espera de la aprobación del Congreso. Es decir, todo se maneja con marco de necesidad y urgencia ejecutiva. No obstante, el esquema tuvo origen en enero y se puso en práctica sólo recientemente.
Hay una cuestión fundamental que no se corrige.
Quienes mandan, generan y aplican las leyes, pretenden hacer justicia sin respetar la equidad. Suponen que todos estamos en muy pareja (e irreal) situación económica. Porque si no, no puede entenderse de otro modo que pudientes y necesitados tengan que pagar en moneda para recomponer conductas indebidas al volante.
Si se es realista, no puede dejar de admitirse que hay cada vez más diferencias entre ricos y pobres. Y es obvio que una multa de 200 pesos será mucho menos significativa para unos que otros. Aquí no hay equidad: por lo tanto, no existe justicia.
Para colmo, quienes ejecutan, legislan y juzgan sigan pretendiendo hacer democracia desde sus escritorios. Urgidos por la violencia creciente y la imprudencia de conductores y peatones y la furia de los noticieros que azuzan la angustia de sus espectadores con imágenes de sangre y desazón, se pretende castigar aumentando multas.
Lo que más se consigue es ampliar la injusticia.
Todo esto se da en un escenario bahiense con cada vez más coches, menos espacios de estacionamiento, más publicidad de autos y motos picantes y un espíritu corrector que está en deuda con lo democrático. ¿Por qué? Porque no es conveniente comprometer las libertades: ¿cómo penar a quien no usa casco al manejar una motocicleta? ¿En mérito a qué? El derecho actúa en el arbitraje de intereses de partes. Lo otro es propio de la moral. Esa intención relativa al casco puede llevar impensadamente a castigar o impedir un culto religioso; o una lectura o un espectáculo. El derecho no puede obrar en prevención. Para eso existe la educación o la persuasión.
Ocurre que en una sociedad como la nuestra, amamantada en lo disciplinante y represivo, se admite que la ley opere sobre lo moral. Eso es perjudicial a la democracia.
La mayor parte de la legislación de Tránsito es preventiva. Y seguramente ha conseguido muy poco en materia de seguridad. De otro modo, no estarían aumentando las multas.
El castigo más razonable debería caer sobre el permiso que otorga la sociedad para ejercer un derecho: la licencia de conducir, de llevar adelante un comercio, etc. Se podrían acortar los plazos de esas concesiones. Pero, no, recurriendo a una pena pecuniaria. Es inequitativa: injusta.
