Irracional Justicia de Faltas

Entraron en vigencia los nuevos valores de las multas de Tránsito. Es justicia de orden municipal y los importes son fijados por ley provincial. No se modificaron aún las del sistema de estacionamiento medido.
Hasta ahora, las infracciones se dividían en graves y leves. Las primeras se castigaban con cien pesos y las suaves, en 25 y 30. Se admitía reconocimiento de culpas previamente a las audiencias y aprovecharse de descuentos del 25 y 40%.
Alternativamente, las faltas sometidas a dictamen del juez pueden caer en la multiplicación de las penas según reincidencias.
Desde estos días, los ilícitos de Tránsito son prácticamente todos graves. Y significan no menos de doscientos pesos iniciales.
El propósito explicado por las autoridades (bonaerenses) es el de defender los derechos humanos y corregir las anomalías que originan dolientes pérdidas. Todavía se está a la espera de la aprobación del Congreso. Es decir, todo se maneja con marco de necesidad y urgencia ejecutiva. No obstante, el esquema tuvo origen en enero y se puso en práctica sólo recientemente.
Hay una cuestión fundamental que no se corrige.
Quienes mandan, generan y aplican las leyes, pretenden hacer justicia sin respetar la equidad. Suponen que todos estamos en muy pareja (e irreal) situación económica. Porque si no, no puede entenderse de otro modo que pudientes y necesitados tengan que pagar en moneda para recomponer conductas indebidas al volante.
Si se es realista, no puede dejar de admitirse que hay cada vez más diferencias entre ricos y pobres. Y es obvio que una multa de 200 pesos será mucho menos significativa para unos que otros. Aquí no hay equidad: por lo tanto, no existe justicia.
Para colmo, quienes ejecutan, legislan y juzgan sigan pretendiendo hacer democracia desde sus escritorios. Urgidos por la violencia creciente y la imprudencia de conductores y peatones y la furia de los noticieros que azuzan la angustia de sus espectadores con imágenes de sangre y desazón, se pretende castigar aumentando multas.
Lo que más se consigue es ampliar la injusticia.
Todo esto se da en un escenario bahiense con cada vez más coches, menos espacios de estacionamiento, más publicidad de autos y motos picantes y un espíritu corrector que está en deuda con lo democrático. ¿Por qué? Porque no es conveniente comprometer las libertades: ¿cómo penar a quien no usa casco al manejar una motocicleta? ¿En mérito a qué? El derecho actúa en el arbitraje de intereses de partes. Lo otro es propio de la moral. Esa intención relativa al casco puede llevar impensadamente a castigar o impedir un culto religioso; o una lectura o un espectáculo. El derecho no puede obrar en prevención. Para eso existe la educación o la persuasión.
Ocurre que en una sociedad como la nuestra, amamantada en lo disciplinante y represivo, se admite que la ley opere sobre lo moral. Eso es perjudicial a la democracia.
La mayor parte de la legislación de Tránsito es preventiva. Y seguramente ha conseguido muy poco en materia de seguridad. De otro modo, no estarían aumentando las multas.
El castigo más razonable debería caer sobre el permiso que otorga la sociedad para ejercer un derecho: la licencia de conducir, de llevar adelante un comercio, etc. Se podrían acortar los plazos de esas concesiones. Pero, no, recurriendo a una pena pecuniaria. Es inequitativa: injusta.

Desdeño por reforma tributaria

Las urgencias electorales con su fastidioso ritmo bienal desvirtúan el tratamiento de los temas sociales de fondo. Es el caso de la reforma tributaria, afecta la asfixiante distribución actual de los resultados del trabajo.
Uno de los gravámenes más significativos a la hora de recaudar es el IVA. Castiga cada gasto, cada compra de pudiente o impudiente. Se esconde en el precio y probablemente quede a mitad de camino a las arcas públicas por facilidades que se dan a sus agentes de retención. Es que este bendito impuesto forma parte del precio de bienes que en economías recesivas cuesta cada vez más vender. Para el vendedor es parte valiosa de un ingreso al que accede con un mayor esfuerzo en la medida de su tamaño empresario.
Para el comprador es una quita grande a su capacidad de gasto. La situación afecta al volumen de bienes que la economía puede alentar productivamente, sin permitir generar más inversiones y más empleo.
Además, la conciencia estatal de lo que se evade (lo que queda en el camino recaudativo) fuerza a sostener tasas descomunales (de hasta el 17.5% del precio final). Observemos que de cada 100 pesos de venta al público, 17 y medio por ciento se destinarían al IVA; más un 3 a un 6% que se queda la provincia por Ingresos Brutos; más otro 1% que absorbe la municipalidad. Tomando 66 pesos como razonable costo de las mercaderías vendidas por aquellos cien, nos dejan algo así como un 10% para la ganancia del vendedor, más la parte de lo que le será stock no realizado, más alquileres, luz, algún sueldo, gastos financieros, otros impuestos, etc. Es algo, a todas luces, sin sentido.
Por eso las urgencias electorales niegan espacio a estas correcciones. Y la crisis se amplía.
¿No sería más razonable gravar directamente los ingresos de la gente, restando un porcentaje a cada sueldo (siempre que se cobre a través de los bancos, por tarjeta de débito y sea más fácil esa retención)? Así, la quita sería proporcional y permitiría evadir sólo sobre los ingresos no “negreados”.
En cadena, esa recaudación será coparticipada por los otros estamentos oficiales.
Claro que se tendría que entusiasmar a la dirigencia gremial a reclamar (para su propio beneficio) un mayor blanqueo de los salarios.
Y si al Estado no le alcanza con lo que recaude, que empiece a pensar en cómo cumplir bien y más barato lo que debería estar haciendo mejor. Lamentablemente, el cálculo presupuestario arranca en lo que se puede llegar a gastar. No, en lo que convendría llegar a quitar de la economía de mercado para que lo consuma la administración pública.
Los impuestos están desnaturalizados y sólo significan instrumentos para acercar dineros al gobierno. Aquel concepto de que se grava a los que más pueden para asistir a los que necesitan quedó corrupto por la monopolización destructiva de la economía.
Como lo enseña el humanismo económico que pregonamos, hay que mezclar y dar de vuelta. Anteponer las necesidades sociales a los réditos de los poderosos. Los impuestos tienen que servir para recuperar una sociedad equitativa, estable, alentadora y armoniosa.
¿Alguien piensa que, así, se podría llegar a algo bueno?

MORAL Y DERECHO

El título corresponde a la reciente película acerca de la confrontación entre los intereses de las tabacaleras y los que elevan proyectos agitando banderas del sufrimiento de los fumadores.
Gracias por Fumar se despliega sin mostrar resolución del conflicto.
Como muchas buenas producciones la denuncia tiene un valioso tejido sociopolítico. No solo se la ligan las tabacaleras, sino también las armas y el alcohol.
El personaje central no escatima esfuerzos en pos de argumentos que ayuden a responder, o a desviar, las acusaciones contra quienes promueven el consumo masivo de cigarrillos.
La industria insiste en que fumar es una decisión individual. Es la educación el instrumento al que corresponde disminuir o anular la actitud de los consumidores.
Se sabe que se ha castigado pecuniaria y fuertemente al sector en merito a los costos sanitarios públicos forzados por la atención de enfermedades derivadas del uso del cigarrillo.

Así la película como la realidad enseñan que la situación es irremediable.
Pero, por la naturaleza del hecho, se esta frente a esquemas que se repiten toda vez que la legislación pretende avanzar en los terrenos de la moralidad. No podrá haber una ley que decida legítimamente por el fumador, ni por el conductor que no usa cinturón de seguridad, ni el motociclista que se niega a usar casco.
Esa es una cuestión que la democracia no alcanza a poner en claro.
Se pueden imponer leyes en toda situación en la que se afectan intereses opuestos. Cabe la ley cuando la inconducta de alguien daña el derecho de otros.

No se legislará toda vez que corresponda definir a partir del libre albedrío.
Se pueden reclamar por las consecuencias dolosas de actos impropios. Pero no se puede exigir que las personas adopten decisiones circunscriptas a la individualidad, que debe estar rigurosamente defendida por las instituciones.
Este tema muestra una de las facetas de mayor debilidad de las democracias. Es un interregno entre lo deseable y el fascismo.
Se requerirá una educación inteligente para hacer que en la escuela o en la universidad sea materia de todos los días el progreso de la vida en sociedad.