Para volver a creer

Liquidamos el 2007.
Sobre fin de año estamos sacudidos por la angustia. Y una pobrísima esperanza.
La violencia tiñe cada día nuevo. Acá, en Bahía Blanca.
Ya se escucha, cerca nuestro, “que vengan los muchachos”. O sea, los de los escuadrones de la muerte.
Estamos marchando a una guerra civil. El gobierno parece no saber cómo arreglarlo. Nos tendremos que enfrentar contra los armados. Habrá que llorar a nuestros seres, uno por uno, a medida que los hieran o los maten. ¿Sabremos ahogar la impotencia que crece tras cada robo, cada fallida captura, cada liberación insólita?
Viviremos desconfiando de la policía, cuanto más concentrada más incontrolable.
Tenemos que encauzar todo dentro de las instituciones.
Esta Ciudad tiene un Intendente que es el representante de los vecinos. Tiene concejales, voceros de distintos sectores.
¿Sirve acaso que el Intendente se muestre reclamando ante la Provincia por más seguridad mientras que nada se soluciona? ¿Cuánto provecho ha significado esa comisión de seguridad integrada por las fuerzas vivas bahienses? Quizá, los carteles de vidriera que reclaman seguridad.
No. El Intendente y sus funcionarios tienen que estar junto al vecino: al vecino maltratado, al indefenso, al asustado. Tienen que acercarse siempre y mucho para que se sepa que lo que le pasa a alguien es un problema de todos. Que no pueden vivir amenazados después de haber sufrido la violencia. Que tienen derecho a la Justicia y sus recursos de investigación, captura y represión.
Al lado de cada bahiense humillado tienen que cantar “Presente” el Jefe comunal o sus asesores. Esas comisiones tienen que moverse para asistir directamente al desconsuelo y reclamar de la policía la acción forzosa.
Todo el País está pasando por esto. Las grandes diferencias entre pobres y ricos, la enorme concentración de riquezas y oportunidades en pocos, el “todo tiene un precio” o “todo se compra y se vende”, la vergonzante impunidad, abonan una frustrada y agnóstica actitud hacia la República.
Empecemos por las ciudades y los pueblos acercando al funcionario a quien más lo necesita. No, para hacer negocios. Para sobrevivir, nada más.

¿Cómo se calcula el presupuesto bahiense?

El presupuesto municipal reclamará mil pesos por familia bahiense.
El proyecto del Ejecutivo propone un gasto que dolerá esa suma por unidad familiar, si consideramos que sólo la mitad de los hogares está en condiciones de sufragarlo.
Se debe dividir 366 millones por cuarenta mil y da ese resultado.
Cabe razonar lo siguiente:
1- De los 400 y pico mil millones que produce el País anualmente, descontando no menos del 50% para reproducir el capital instalado, podrían adjudicarse 2 mil y algo a Bahía Blanca, dado que somos 1% de la población nacional. Por ende, cada familia bahiense obtendrá en promedio (siempre reconociendo que no más de la mitad disfruta una condición de holgura) unos 4 mil pesos mensuales de ingreso.
2- La Comuna absorberá una cuarta parte de esa última cifra. Será para recolectar residuos, reparar baches, asfaltar, atender la salud pública (compartiendo discutiblemente esa función con la dotación del Hospital Interzonal Penna), controlar alimentos, cuidar el tránsito y velar por el transporte. Además, finalizar y pagar la Terminal de ómnibus de larga distancia (que es negocio de las empresas de colectivos). Deberá también subsidiar lo que quede del sistema de movilidad intraurbana, que se complementa con un servicio de taxis de los más caros y desparejos del País.
3- Corresponderá que el Municipio observe el frágil esquema de provisión eléctrica y el problemático abastecimiento de agua potable.
4- El plantel de la Comuna supera las 3 mil almas y los salarios varían desde los 3 mil a los mil (entre los estables), pasando por 4, 6 y 8 mil para los funcionarios políticos. Y 20 mil, el Intendente. Se informó que 140 millones irán en 2008 a los bolsillos de empleados y jerarquizados. Aparte, se mantiene un cupo importante de contratados por unos 300 pesos al mes, sin derechos laborales ( y todas las tareas de limpieza derivadas a una cooperativa que le alivió considerablemente el problema al erario: por los aportes ahorrados).
5- El gasto municipal pasó de los 120 millones del gobierno de Rodolfo Lopes (2004/ 2005) a 366 en la confirmación de C. Breitenstein. Si no puede explicarse ese aumento en un impactante cambio en los servicios de salud, aseo, y acopio de basura, del parque automotor, de pavimentos o edificios comunales, ¿cómo se justifica semejante modificación?

Da que pensar en que lo que estamos pagando de más en este lustro no parece capitalizarse en la Ciudad, sino afuera.

Irracional Justicia de Faltas

Entraron en vigencia los nuevos valores de las multas de Tránsito. Es justicia de orden municipal y los importes son fijados por ley provincial. No se modificaron aún las del sistema de estacionamiento medido.
Hasta ahora, las infracciones se dividían en graves y leves. Las primeras se castigaban con cien pesos y las suaves, en 25 y 30. Se admitía reconocimiento de culpas previamente a las audiencias y aprovecharse de descuentos del 25 y 40%.
Alternativamente, las faltas sometidas a dictamen del juez pueden caer en la multiplicación de las penas según reincidencias.
Desde estos días, los ilícitos de Tránsito son prácticamente todos graves. Y significan no menos de doscientos pesos iniciales.
El propósito explicado por las autoridades (bonaerenses) es el de defender los derechos humanos y corregir las anomalías que originan dolientes pérdidas. Todavía se está a la espera de la aprobación del Congreso. Es decir, todo se maneja con marco de necesidad y urgencia ejecutiva. No obstante, el esquema tuvo origen en enero y se puso en práctica sólo recientemente.
Hay una cuestión fundamental que no se corrige.
Quienes mandan, generan y aplican las leyes, pretenden hacer justicia sin respetar la equidad. Suponen que todos estamos en muy pareja (e irreal) situación económica. Porque si no, no puede entenderse de otro modo que pudientes y necesitados tengan que pagar en moneda para recomponer conductas indebidas al volante.
Si se es realista, no puede dejar de admitirse que hay cada vez más diferencias entre ricos y pobres. Y es obvio que una multa de 200 pesos será mucho menos significativa para unos que otros. Aquí no hay equidad: por lo tanto, no existe justicia.
Para colmo, quienes ejecutan, legislan y juzgan sigan pretendiendo hacer democracia desde sus escritorios. Urgidos por la violencia creciente y la imprudencia de conductores y peatones y la furia de los noticieros que azuzan la angustia de sus espectadores con imágenes de sangre y desazón, se pretende castigar aumentando multas.
Lo que más se consigue es ampliar la injusticia.
Todo esto se da en un escenario bahiense con cada vez más coches, menos espacios de estacionamiento, más publicidad de autos y motos picantes y un espíritu corrector que está en deuda con lo democrático. ¿Por qué? Porque no es conveniente comprometer las libertades: ¿cómo penar a quien no usa casco al manejar una motocicleta? ¿En mérito a qué? El derecho actúa en el arbitraje de intereses de partes. Lo otro es propio de la moral. Esa intención relativa al casco puede llevar impensadamente a castigar o impedir un culto religioso; o una lectura o un espectáculo. El derecho no puede obrar en prevención. Para eso existe la educación o la persuasión.
Ocurre que en una sociedad como la nuestra, amamantada en lo disciplinante y represivo, se admite que la ley opere sobre lo moral. Eso es perjudicial a la democracia.
La mayor parte de la legislación de Tránsito es preventiva. Y seguramente ha conseguido muy poco en materia de seguridad. De otro modo, no estarían aumentando las multas.
El castigo más razonable debería caer sobre el permiso que otorga la sociedad para ejercer un derecho: la licencia de conducir, de llevar adelante un comercio, etc. Se podrían acortar los plazos de esas concesiones. Pero, no, recurriendo a una pena pecuniaria. Es inequitativa: injusta.

Les ponemos la tapa

Por cortesía, dado que nos hacen saber permanentemente las nuevas tapas, y por respeto a la que es considerada la publicación mejor lograda del País, aquí va la presentación más reciente.

SINGULAR DISTINCIÓN CIENTÍFICA REGIONAL

El Comité de Adolescencia y la Red de Adolescencia de la Filial Bahía Blanca conjuntamente con el Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur presentaron un trabajo en el " 4º CONGRESO ARGENTINO DE PEDIATRÍA GENERAL AMBULATORIA" , el cual, entre 300 trabajos libres, resultó preseleccionado para opción a premio.
La obra, que demandara un año y medio de preparación, titulada: "Bullying, Agresores, Victimas y Testigos del Maltrato entre Iguales", recibió el día 24 de Noviembre de 2007, por unanimidad del jurado el 1er. Premio al mejor trabajo científico.
Los autores llevaron a cabo un trabajo de campo en catorce instituciones educativas de Bahía Blanca, Puán y Benito Juárez mediante una encuesta autoadministrada y anónima a 616 alumnos.
Los autores son: Dra. Liberti María Cristina ; Dra. Cohen Guinsburg Adelfa ; Dra. Dolcini Martha ; Dra. Ipiña Aída Luz y Lic. Wajner Graciela, del Comité de Adolescencia; Lic. Serralunga María Gabriela y Master Yáñez Loreto, de Universidad Nacional del Sur; Lic. Asnes Mariela ; Lic. Bécares Pedro ; Lic. Crego Elizabet ; Lic. Dinoto Nora ; Docente Ferrara Aldo ; Dra. Santamaría Silvia y Lic. Vergara Diana de la Red de Adolescencia.

Volver a los Partidos

Esta pretensión de democracia no puede funcionar sin partidos.
La economía ha sido tomada por los grandes grupos financieros y las respuestas sociales sólo podrán ser instrumentadas por los partidos. Históricos o nuevos.
Es imprescindible recuperar la escuela de dirigentes. Necesitamos reparar los vínculos con la universidad, con el gremialismo patronal; con el sindicalismo obrero.
Debemos recomponer los canales de representatividad: hay que consolidar las bases vecinales y los canales de comunicación con el Partido y los Concejales.
Hay que respetar más que nunca las voces juveniles e insertarlas en la conducción de las agrupaciones.
Tenemos que encontrar los representantes genuinos e investirlos del rol dirigente para asegurar pasión y dinámica. Hay que promover el debate, alentar las ideas, impulsar las individualidades valiosas.
Los grandes intereses financieros han copado a los medios de comunicación para modelar la opinión pública. Se instalaron en los sitios que corresponden insoslayablemente a los Partidos. Y nos empujaron al vaciamiento.
Esta intención de democracia requiere agentes políticos sólidos: instituciones eficaces que escuchen las urgencias populares y diseñen las vías de solución. A la vez, que controlen a funcionarios y autoridades.
Hay que derribar este sistema de figuritas temporarias, como el que se viene mostrando en cada convocatoria electoral. Las vedettes circunstanciales no generan continuidad política. Eso le corresponde inevitablemente a los partidos. Y para eso tienen que confirmar presencia y continuidad.

La reivindicación reclama un fuerte trabajo de bases. Volver al vecino, al encuentro barrial. Presentar un proyecto con propuestas que abracen la convocatoria juvenil, asociando la presencia de ambos grupos de edad.
Habrá que elaborar diagnósticos barriales a partir de encuestas simples, que identifiquen prioridades.

1- Convocar a representantes barriales;
2- Promover lugares permanentes de reunión;
3- Originar medios de comunicación barriales: impresos, radiales, etc.;
4- Desarrollar encuestas de base que permitan reconocer problemas y prioridades de los distintos sectores;
5- Buscar presencia asidua en los medios para difundir el progreso de esta reivindicación;
6- Reunir periódicamente a los representantes sectoriales;

La labor de base implica recomponer los vínculos con las instituciones del trabajo y la gestión cultural: sindicatos, gremios empresarios, medios educativos y de recreación popular.

Desdeño por reforma tributaria

Las urgencias electorales con su fastidioso ritmo bienal desvirtúan el tratamiento de los temas sociales de fondo. Es el caso de la reforma tributaria, afecta la asfixiante distribución actual de los resultados del trabajo.
Uno de los gravámenes más significativos a la hora de recaudar es el IVA. Castiga cada gasto, cada compra de pudiente o impudiente. Se esconde en el precio y probablemente quede a mitad de camino a las arcas públicas por facilidades que se dan a sus agentes de retención. Es que este bendito impuesto forma parte del precio de bienes que en economías recesivas cuesta cada vez más vender. Para el vendedor es parte valiosa de un ingreso al que accede con un mayor esfuerzo en la medida de su tamaño empresario.
Para el comprador es una quita grande a su capacidad de gasto. La situación afecta al volumen de bienes que la economía puede alentar productivamente, sin permitir generar más inversiones y más empleo.
Además, la conciencia estatal de lo que se evade (lo que queda en el camino recaudativo) fuerza a sostener tasas descomunales (de hasta el 17.5% del precio final). Observemos que de cada 100 pesos de venta al público, 17 y medio por ciento se destinarían al IVA; más un 3 a un 6% que se queda la provincia por Ingresos Brutos; más otro 1% que absorbe la municipalidad. Tomando 66 pesos como razonable costo de las mercaderías vendidas por aquellos cien, nos dejan algo así como un 10% para la ganancia del vendedor, más la parte de lo que le será stock no realizado, más alquileres, luz, algún sueldo, gastos financieros, otros impuestos, etc. Es algo, a todas luces, sin sentido.
Por eso las urgencias electorales niegan espacio a estas correcciones. Y la crisis se amplía.
¿No sería más razonable gravar directamente los ingresos de la gente, restando un porcentaje a cada sueldo (siempre que se cobre a través de los bancos, por tarjeta de débito y sea más fácil esa retención)? Así, la quita sería proporcional y permitiría evadir sólo sobre los ingresos no “negreados”.
En cadena, esa recaudación será coparticipada por los otros estamentos oficiales.
Claro que se tendría que entusiasmar a la dirigencia gremial a reclamar (para su propio beneficio) un mayor blanqueo de los salarios.
Y si al Estado no le alcanza con lo que recaude, que empiece a pensar en cómo cumplir bien y más barato lo que debería estar haciendo mejor. Lamentablemente, el cálculo presupuestario arranca en lo que se puede llegar a gastar. No, en lo que convendría llegar a quitar de la economía de mercado para que lo consuma la administración pública.
Los impuestos están desnaturalizados y sólo significan instrumentos para acercar dineros al gobierno. Aquel concepto de que se grava a los que más pueden para asistir a los que necesitan quedó corrupto por la monopolización destructiva de la economía.
Como lo enseña el humanismo económico que pregonamos, hay que mezclar y dar de vuelta. Anteponer las necesidades sociales a los réditos de los poderosos. Los impuestos tienen que servir para recuperar una sociedad equitativa, estable, alentadora y armoniosa.
¿Alguien piensa que, así, se podría llegar a algo bueno?