Un tren sin frenos mató a más de cincuenta seres humanos y dejó heridos a más de seiscientos. Un conductor de 28, que todavía confunde realidades e imágenes, llevó al desastre esperable una máquina injustificable.
Un clan empresario que empezó a crecer descomunalmente en los 90, los Cirigliano (y asociados), son los culpables de la imprevisión, el dolo y la muerte. Fueron siempre acomodándose a las autoridades cambiantes y su descontrol, su incapacidad y su desvergüenza estallaron ante cientos de inconsolables familias.
Esto no puede quedar así. El juez tiene que impulsar la expropiación. El Estado tiene que hacerse cargo de todos los bienes (y males) de ese grupo y compensar a todos los damnificados.
Es incuestionable. La sociedad falló (otra vez) en prevenir, proteger, controlar. Es hora de retribuir a los que sufren por la pérdida de vidas y recursos. El aparato público, al que se le confió la autoridad, fracasó. Los responsables somos todos. Entre todos tenemos que hacernos sentir cerca, muy cerca, de los damnificados y aliviar sus pesares.
No debe quedar sin castigo el agente público que debió vigilar y reclamar lo debido a sus concesionarios. Por más que la presidenta no sienta fuerzas para ligarse al drama, el poder de los jueces tiene que ubicar las cosas en su lugar.
Esta obligación del Estado se tiene que extender a todo residente de esta tierra que sufra a consecuencia de la negligencia, ineptitud o perversión de quienes fueron votados para mandar. Toda familia segada por la falta de prevención, inteligencia o la inacción tiene derecho a recibir de todos nosotros la compensación que ayude a seguir adelante (como sea).
