Pero: ¿cómo se puede lograr que un propósito así sea cumplido cuando la autoridad maneja objetivos de gasto tan dispersos y alejados del ya destacado?.
Cuando muchísimos dineros son imputados a la propaganda de presuntas gestiones para sostener económicamenta a medios de comunicación para orientar críticas y modelar opiniones, es imposible comprobar que lo obtenido por las multas pueda derivarse a la meta genuina de esos fondos. Lo mínimo que podría hacerse en forzar a la autoridad a que la recaudación por multas (mal tránsito, mal comercio, mala industria, etc.) sea estrictamente imputado a propósitos comunitarios (comedores, centros sanitarios y educativos).
No sabemos qué opinarán los concejales.
