Hoy, las infracciones de tránsito son todas graves.Los importes castigan por igual el estacionar indebidamente o el cruzar una bocacalle con el semáforo en rojo.
La ley reconoce una bonificación del 50% si se la abona antes de presentarse ante el juez municipal. Esta ventaja corre lo mismo para valores antiguos, los que no se actualizan. Por ejemplo, pagar ahora $ 7,50 por una omisión del deber de estacionar en forma medida de un tiempo atrás.
Por el contrario, las faltas sometidas a dictamen del juez pueden caer en la multiplicación de las penas de haber reincidencias, aplicándose 1 o más veces el importe preestablecido.
Cuatrocientos veinte pesos son los que están fijados en esa ley bonaerense por acciones indebidas, salvo las de estacionamiento pago, que fijan las comunas.
El propósito explicado por las autoridades provinciales es el de defender la salud de los humanos y corregir las anomalías que originan dolientes pérdidas.Nada demuestra que fuertes aumentos generen mejoría en la conducta de los irresponsables al volante.
A todo esto, hay una cuestión fundamental que merece atención y no se corrige.
Quienes mandan y aplican las leyes pretenden hacer justicia sin respetar la equidad. Suponen que todos estamos en muy pareja (e irreal) situación económica. Porque si no, no puede entenderse de otro modo que pudientes y necesitados tengan que pagar en moneda para recomponer conductas ilícitas.
Si se es realista, no puede dejar de admitirse que subsisten y se amplían las diferencias entre ricos y pobres. Y es obvio que una multa será mucho menos significativa para unos que otros. Aquí no hay equidad: por lo tanto, no existe justicia.
Para colmo, quienes ejecutan, legislan y juzgan sigan pretendiendo hacer democracia desde sus escritorios. Urgidos por la violencia creciente y la imprudencia de conductores y peatones y la ansiedad de los noticieros, que azuzan la angustia de sus espectadores con imágenes de sangre y desazón, se pretende castigar aumentando multas.
Lo que más se consigue es ampliar la injusticia.
Todo esto se da en un escenario bahiense con cada vez más coches, menos espacios de estacionamiento, más publicidad de autos y motos picantes y un espíritu corrector que está en deuda con lo democrático. ¿Por qué? Porque no es conveniente comprometer las libertades: ¿cómo penar a quien no usa casco al manejar una motocicleta? ¿En mérito a qué? El derecho actúa en el arbitraje de intereses de partes. Lo otro es propio de la moral. Esa intención relativa al casco puede llevar impensadamente a castigar o impedir un culto religioso; o una lectura o un espectáculo. El derecho no puede obrar en prevención. Para eso existe la educación o la persuasión.
Ocurre que en una sociedad como la nuestra, amamantada en lo disciplinante y represivo, se admite que la ley opere sobre lo moral. Eso es perjudicial a la democracia.
La mayor parte de la legislación de Tránsito es preventiva. Y seguramente ha conseguido muy poco en materia de seguridad. De otro modo, no hubieran aumentando sensiblemente las multas.
El castigo más razonable debería caer sobre el permiso que otorga la sociedad para ejercer un derecho: la licencia de conducir, de llevar adelante un comercio, etc. Se podrían acortar los plazos de esas concesiones. Pero, no, recurriendo a una pena pecuniaria. Es inequitativa: injusta.
