La legislación sobre tránsito y transporte refresca con contundencia los riesgos alarmantes del avance estatista.
Confundir derecho y moral, o lo social y lo individual, lleva a pretender normas que regulen y transformen conductas con herramientas inapropiadas.
Cabe legislar ante situaciones en que se marca la oposición de intereses.
Corresponde sancionar a quien afecta una propiedad, a quien maltrata un bien ajeno. Pero, no, a quien arriesga su individualidad (ya sea manejando una moto sin casco, un coche sin el cinturón de seguridad puesto).
En ese terreno cabría esperar que nos marquen y castiguen por practicar una religión o por leer ciertos libros.
Es inconcebible que todavía se esté multando al que no muestra en el mismísimo momento de la requisitoria el recibo de pago al día del seguro de su vehículo. ¿Cómo puede obligarse a alguien a llevar adelante un contrato privado? ¿O es que toda vez que se fuerza a algo desde el Estado no corresponde que se provea la alternativa gratuita para que ese reclamo pueda cumplirse? Si se obliga a educar a los hijos, se ofrecen escuelas públicas financiadas con impuestos. Si es ineludible la vacunación, habrá acceso sin costo familiar a ella.
Por otra parte: cuán equitativa es la ley que sanciona con pagos de dinero a pobres y ricos sin miramientos. Sobrevivimos una sociedad cada vez más desigual. Las multas no pueden reclamarse en circulante. Debe hacérselo, en todo caso, en términos del tiempo de habilitación que el Estado consigna a un derecho económico, como el de explotar un comercio, un medio de transporte o la utilización privada de un auto. El scoring (¿era necesario ponerle un nombre en inglés?) se acerca a éso. Pero mantiene la confusión facilista de derecho y moral.
